
El gobierno de Ecuador salió al cruce de las críticas por la incursión militar en zonas de yacimientos auríferos, donde se destruyeron con dinamita decenas de retroexcavadoras, afirmando que se trataba de una actividad extractiva financiada por el narcotráfico y protegida por milicias armadas y sicarios.
La actividad en las ocho áreas selváticas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas y 300 kilómetros al noroeste de Quito, era "totalmente ilegal" y violaba las leyes mineras, ambientales y tributarias, explicaron en rueda de prensa conjunta los ministros Wilson Pástor, de Recursos Naturales no Renovables, y Marcela Aguiñaga, de la Ambiente.
También señalaron el grave daño a la población circundante y al ambiente...